Cómo evitar la entrada en prisión por un delito fiscal: atenuantes, regularización y defensa penal
Evitar la entrada en prisión por un delito fiscal es una de las principales preocupaciones de cualquier persona investigada por una posible defraudación tributaria. La pena aplicable puede variar de forma muy significativa en función de la cuantía defraudada, de si se aplica el tipo básico o el subtipo agravado, y de la existencia de circunstancias atenuantes o causas de exención de responsabilidad penal.
En los delitos fiscales, una buena estrategia de defensa penal puede ser determinante para reducir la pena, facilitar la suspensión de la condena de prisión o, en determinados supuestos, evitar directamente la responsabilidad penal mediante la regularización tributaria.
A continuación, analizamos qué penas contempla el Código Penal para el delito fiscal, qué atenuantes pueden aplicarse y cuándo la regularización tributaria puede impedir una condena penal.
Pena por delito fiscal: tipo básico y tipo agravado
La pena por delito fiscal depende, en primer lugar, de si se aplica el tipo básico del artículo 305 del Código Penal o el subtipo agravado previsto en el artículo 305 bis.
Pena básica del delito fiscal: artículo 305.1 del Código Penal
El artículo 305.1 del Código Penal castiga el delito fiscal con las siguientes penas:
(i) Prisión de uno a cinco años.
(ii) Multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.
(iii) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años.
Por tanto, incluso en el tipo básico, el delito fiscal puede implicar una pena de prisión relevante, además de importantes consecuencias económicas y administrativas.
Pena agravada del delito fiscal: artículo 305 bis del Código Penal
El artículo 305 bis del Código Penal regula una modalidad agravada del delito fiscal para aquellos supuestos que presentan una mayor gravedad.
En estos casos, la pena aumenta a:
(i) Prisión de dos a seis años.
(ii) Multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada.
(iii) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro a ocho años.
La diferencia entre el tipo básico y el tipo agravado es esencial, ya que puede influir directamente en las posibilidades de evitar el ingreso en prisión por un delito fiscal.
¿Se puede evitar la prisión por un delito fiscal?
Sí, en determinados casos es posible evitar la prisión por delito fiscal. Para ello, resulta fundamental analizar si concurren circunstancias que permitan reducir la pena o excluir la responsabilidad penal.
El objetivo de la defensa penal suele centrarse en tratar de conseguir que la pena de prisión no supere los dos años, ya que ello puede permitir solicitar la suspensión de la pena conforme al artículo 80 del Código Penal, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Además, en algunos supuestos, la regularización tributaria puede impedir directamente la condena penal si se realiza de forma completa y dentro del plazo legalmente previsto.
Atenuantes específicas del delito fiscal
El Código Penal contempla atenuantes específicas para el delito fiscal que pueden reducir de forma importante la pena. Estas atenuantes están reguladas en el artículo 305.6 del Código Penal.
Atenuante por pago de la deuda tributaria y reconocimiento judicial de los hechos
El artículo 305.6 del Código Penal permite imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el autor del delito fiscal cumple dos requisitos principales:
(i) Satisfacer la deuda tributaria.
(ii) Reconocer judicialmente los hechos que se le imputan.
Estos requisitos deben cumplirse antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado.
Es decir, esta atenuante se aplica cuando el procedimiento penal ya se dirige contra la persona investigada y, dentro de ese plazo, se procede al pago de la deuda tributaria y al reconocimiento de los hechos.
Esta circunstancia puede ser especialmente relevante para reducir la pena por delito fiscal y aumentar las posibilidades de evitar el ingreso en prisión.
No obstante, su aplicación no es automática. Se trata de una facultad de los jueces y tribunales, por lo que debe ser correctamente alegada y justificada dentro de una estrategia de defensa penal especializada.
Atenuante para partícipes del delito fiscal por colaboración activa
El artículo 305.6 del Código Penal también permite aplicar la pena inferior en uno o dos grados a los partícipes del delito fiscal que no sean el obligado tributario o el autor principal.
Para ello, deben colaborar activamente con la investigación judicial.
Esta colaboración puede consistir en:
(i) Aportar pruebas decisivas para identificar a otros responsables del delito fiscal.
(ii) Contribuir al completo esclarecimiento de los hechos investigados.
(iii) Ayudar a averiguar el patrimonio del obligado tributario o de otros responsables.
Para que esta atenuante sea eficaz, no basta con una colaboración genérica. Debe tratarse de una colaboración activa, útil y relevante para la investigación.
Atenuantes genéricas aplicables al delito fiscal
Además de las atenuantes específicas del artículo 305.6 del Código Penal, también pueden aplicarse las atenuantes genéricas previstas en el artículo 21 del Código Penal.
Estas circunstancias pueden permitir reducir la pena conforme a las reglas generales del artículo 66 del Código Penal.
Cuando concurre una sola atenuante, la pena suele aplicarse en su mitad inferior. En cambio, si concurren varias atenuantes o una atenuante muy cualificada, y no existen agravantes, puede aplicarse la pena inferior en uno o dos grados.
Esto puede ser decisivo para evitar la entrada en prisión por un delito fiscal.
Atenuante de confesión en el delito fiscal
La confesión de la infracción ante las autoridades puede operar como atenuante conforme al artículo 21.4 del Código Penal.
En los delitos fiscales, esta confesión puede producirse ante la Administración Tributaria o ante los órganos judiciales.
Por ejemplo, puede valorarse cuando el obligado tributario presenta una declaración complementaria, aunque no llegue a ingresar la totalidad de la deuda. En ese caso, aunque no se alcance la regularización eximente, sí puede existir un reconocimiento relevante de los hechos.
También puede tener valor atenuatorio una solicitud de aplazamiento del pago si implica reconocimiento de la deuda o de la infracción cometida.
Atenuante de reparación del daño en el delito fiscal
La reparación del daño puede apreciarse cuando el obligado tributario repara el perjuicio causado o disminuye sus efectos antes de la celebración del juicio oral.
En el delito fiscal, la reparación del daño suele consistir en el pago total o parcial de la cuota tributaria defraudada, así como de los recargos, intereses u otras cantidades asociadas al impago.
Aunque el pago íntegro tiene una especial relevancia, los pagos parciales también pueden ser valorados si reflejan un esfuerzo real de reparación conforme a las posibilidades económicas del investigado.
Esta atenuante puede ser especialmente importante cuando no se cumplen los requisitos de la regularización tributaria eximente ni los requisitos de la atenuante específica del artículo 305.6 del Código Penal.
Atenuante de dilaciones indebidas
La atenuante de dilaciones indebidas puede apreciarse cuando existe una demora extraordinaria e injustificada en la tramitación del procedimiento penal.
Para que pueda aplicarse, la dilación no debe ser atribuible al acusado y no debe guardar proporción con la complejidad de la causa.
Los procedimientos por delito fiscal suelen ser técnicamente complejos y pueden prolongarse en el tiempo. Sin embargo, esa complejidad no justifica cualquier retraso.
Si el procedimiento supera una duración razonable por causas no imputables al investigado, esta circunstancia puede tener efecto atenuatorio y contribuir a reducir la pena.
Regularización tributaria: la vía para excluir la responsabilidad penal
La regularización tributaria es la principal causa de exclusión de responsabilidad penal en el delito fiscal.
Está regulada en el artículo 305.4 del Código Penal y puede impedir la condena penal cuando se cumplen todos los requisitos legales.
Para que la regularización tenga efectos penales, debe existir un reconocimiento completo y un pago íntegro de la deuda tributaria antes de determinados hitos administrativos o judiciales.
En concreto, la regularización debe realizarse antes de que:
(i) La Administración Tributaria notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación dirigidas a determinar las deudas objeto de regularización.
(ii) El Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local interponga querella o denuncia.
(iii) El Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que permitan al obligado tributario tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias de investigación por la deuda regularizada.
Si la regularización tributaria es completa y se realiza dentro del momento legalmente previsto, puede operar como excusa absolutoria del delito fiscal.
En otras palabras, la regularización puede evitar directamente la condena penal.
Diferencia entre regularización tributaria y atenuante por reparación
Es importante distinguir entre la regularización tributaria y la atenuante de reparación del daño.
La regularización tributaria, si cumple todos los requisitos, puede excluir la responsabilidad penal. Es decir, puede evitar la condena por delito fiscal.
En cambio, la reparación del daño no elimina necesariamente la responsabilidad penal, pero puede reducir la pena y mejorar las posibilidades de evitar el ingreso en prisión.
Por eso, cada caso debe analizarse de forma individual, teniendo en cuenta el momento en el que se realiza el pago, la cuantía abonada, la situación del procedimiento y la estrategia procesal más adecuada.
Abogado penalista experto en delito fiscal
Contar con un abogado penalista experto en delito fiscal es fundamental para valorar correctamente las posibilidades de defensa.
En este tipo de procedimientos, no solo importa conocer el Derecho penal, sino también entender el funcionamiento de la normativa tributaria, la fase administrativa previa y las consecuencias económicas y penales de cada decisión.
Una estrategia adecuada puede permitir:
(i) Analizar si existe realmente delito fiscal.
(ii) Valorar la posibilidad de regularización tributaria.
(iii) Solicitar la aplicación de atenuantes específicas o genéricas.
(iv) Reducir la pena solicitada.
(v) Plantear la suspensión de la pena de prisión.
(vi) Minimizar las consecuencias económicas y reputacionales del procedimiento.
En Prieto de León – Estudio de litigación penal somos abogados penalistas expertos en delitos fiscales. Nuestros conocimientos en Derecho penal y Derecho tributario nos permiten plantear una defensa penal estratégica encaminada a minimizar los riesgos de ingreso en prisión y a tratar de alcanzar resultados de libre absolución para nuestros clientes.
Si estás siendo investigado por un presunto delito fiscal o crees que puede iniciarse un procedimiento penal contra ti, contacta con nosotros para que podamos valorar tu situación y diseñar la mejor estrategia de defensa.