Abogados especializados en Delitos de Insolvencias Punibles

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¿Qué son los delitos de insolvencias punibles?

Los delitos de insolvencias punibles son aquellos en los que se protege el derecho que tiene el acreedor a satisfacer su crédito con el patrimonio del deudor. Este derecho, derivado de lo prescrito en el art. 1911 del Código Civil, se frustra cuando el deudor realiza conductas que impiden o dilatan artificialmente la ejecución de sus bienes.

Hay que dejar claro que estos delitos no suponen una prisión por deudas, prohibida por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino la realización por el deudor de conductas fraudulentas dirigidas a impedir o dificultar que el acreedor se haga con sus bienes para cobrar la deuda.

¿Qué modalidades de insolvencias punibles existen?

Comete delito de insolvencia punible quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

  1. Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
  2. Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
  3. Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
  4. Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
  5. Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
  6. Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
  7. Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
  8. Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
  9. Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
  10. También se castiga penalmente a quien, mediante alguna de las conductas a las que se ha hecho referencia, cause su situación de insolvencia.
  11. Hay que tener en cuenta que este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

¿Qué penas tienen los delitos de insolvencias punibles?

La pena básica por la comisión de las referidas conductas es la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.

Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

El artículo 259.bis del Código Penal contempla una pena agravada de hasta seis años de cárcel para aquellos casos en los que se afecte a una generalidad de personas, el perjuicio económico sea superior a 600.000 € o al menos la mitad del importe de los créditos tengan como titulares a la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

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